Desde diciembre de 2020 nos encontramos inmersos en una lucha constante de la vacunación del COVID 19 y las nuevas “olas” y “variantes” de transmisión del coronavirus, por ello, hasta que no se consiga la llamada “inmunidad de rebaño” con las vacunas tendremos con convivir con situaciones temporales de incremento de cifras de personas infectadas, personas fallecidas e incremento de la tensión en el sistema sanitario, que obliguen a tomar medidas en función de las circunstancias. Las brechas del sistema de atención al sinhogarismo se han visibilizado aún más durante la crisis del COVID-19. No hay plazas de alojamiento suficientes para dar cobertura al alcance real del problema y las que hay no garantizan en todos los casos ni de forma suficiente las condiciones mínimas para ofrecer soluciones a las personas que sufren este fenómeno. Hemos tenido que añadir emergencia a un sistema que ya se basaba en la emergencia. Actualmente, en nuestras calles conviven personas de diferente edad, sexo y condición. No se trata de un grupo que emane de una construcción identitaria común; lo único que les une es no tener un techo estable bajo el que dormir. Hay desde adolescentes mayores de edad que llegaron a España siendo niños –y de quienes la Administración ya no se hace cargo– hasta mujeres de más de setenta años que perdieron su casa y su familia. Sin embargo, hay un perfil que se repite más que otros: hombre de entre cuarenta y cincuenta años con escasos lazos familiares al que una consecuencia de infortunios –generalmente relacionados con el entorno laboral– les ha llevado a perder su hogar. Precisamente, la falta de trabajo es el primer motivo que estas personas esgrimen cuando se les pregunta cómo terminaron en la calle.